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Oficial: el Gobierno de Milei intervendrá en el Salario Mínimo

En un contexto de reformas laborales y pérdida del poder adquisitivo, el Gobierno de Javier Milei adelantó que habrá convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Omar Yasín, secretario de Trabajo, confirmó esta medida afirmando: «Vamos a convocar al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, posiblemente los primeros días de enero».

Esta convocatoria se produce en medio de un amplio debate sobre un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que introduce cambios en la legislación laboral.

Protesta de la CGT

El DNU, que ha sido objeto de críticas por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), varios sindicatos y asociaciones de abogados laboralistas, incluye la modificación de 26 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y una restricción del derecho a huelga.

En defensa de estas medidas, Yasín argumentó: «El contenido del capítulo laboral tiene por objeto la generación de empleo, generar un estado de certidumbre y previsibilidad para el empleador y trabajador para motivar la generación de más fuentes laborales».

Entre los cambios más destacados se encuentra la ampliación del período de prueba de empleo y la exclusión de ciertos contratos de la Ley de Contrato de Trabajo. Sobre el tema de las indemnizaciones y multas por empleados no registrados, el secretario declaró a Clarín que: «Las multas no hacen previsible la relación laboral para los empleadores… No tuvo el resultado esperado porque el empleo informal sigue creciendo».

Limitación al Derecho de Huelga

Respecto a la limitación del derecho de huelga, Yasín aclaró: «El derecho de huelga no se modifica. Se mantiene el derecho constitucional de huelga. Lo que se hace es preservar a la población de los efectos de una medida de fuerza». Esta postura busca garantizar servicios mínimos en sectores esenciales, como transporte y salud.

La CGT y otros grupos han manifestado su preocupación y no descartan la posibilidad de acciones de protesta. A pesar de estas reacciones, Yasín sostiene que las medidas buscan mejorar el mercado laboral: «Entendemos que no son justificadas las reacciones de la CGT ya que se está haciendo uso de una herramienta constitucional, que es el DNU».

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