Sábado 22 de junio de 2024
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La Justicia federal imputó a Emerenciano Sena y Marcela Acuña por lavado de dinero

Lo dispuso el fiscal federal de Chaco, Patricio Sabadini. La causa comenzó cuando se encontraron 6 millones de pesos en un allanamiento por la desaparición de Cecilia Strzyzowski

Emerenciano Sena y Marcela Acuña

El fiscal federal de Chaco, Patricio Sabadini imputó hoy a Emerenciano Sena y a su mujer Marcela Acuña por el delito de lavado de dinero. La investigación comenzó en junio del año pasado, cuando se encontraron más 6 millones de pesos en un allanamiento por la desaparición de Cecilia Strzyzowski.

“Que las circunstancias expuestas permiten inferir la sospecha de posible participación o vinculación de los imputados en la comisión sistemática de delitos de acción pública de larga data que habrían generado importantes ganancias ilícitas”, dice el requerimiento del fiscal. Y destaca que los imputados “incorporaron a sus patrimonios numerosos bienes muebles registrables- vehículos- como así inmuebles, a nombre propio, como así de la “Fundación Doctor Andrés Saul Acuña” conformada por ellos”.

El requerimiento enumera los vehículos comprados por Sena: una Toyota Hilux 4×4 SRV, una Ford pick-up F.100 Diesel, un camión Ford F350, una camioneta Toyota Hilux 4×4 D/C SRX 2.8 TDI 6M/T, un acoplado, y otras dos Toyota Hilux 4×4 adquiridas en 2020 y 2023. También detalla las propiedades adquiridas por el dirigente piquetero, por su esposa, y por la Fundación Andrés Acuña.

“Del análisis de la información recababa se logró establecer la existencia de una compleja maniobra materializada a través de la consignación de “gastos falsos” en los estados contables de la Fundación doctor Raúl Andres Acuña, entendemos con la finalidad de otorgar visos de legalidad o blanqueo a millonarias sumas de dinero que habrían sido desviadas del erario público provincial en orden a la comisión de sistemáticos delitos de fraude a la administración pública que serían sus precedentes”, sostuvo el fiscal.

La investigación se disparó a partir del allanamiento realizado el 9 de junio de 2023 en casa de los Sena, donde la Policía encontró $6.058.190. El dinero estaba escondido en un mueble metálico para herramientas y se trasladó en un camión de caudales. Luego, la fiscalía de instrucción, a cargo del fiscal Jorge Cáceres Olivera, se declaró incompetente respecto a ese hallazgo y esa causa recayó en el fuero federal, donde comenzó una investigación preeliminar.

Entre otras medidas, el fiscal pidió levantar el secreto fiscal y bancario sobre César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, pero también sobre una Fundación y una Cooperativa. También le encargó a la AFIP un informe completo y actualizado sobre los imputados para “establecer el perfil fiscal, económico y financiero”.

Con el paso de los meses, se amplió el listado de personas investigadas y se ordenaron decenas de medidas y de informes a organismos provinciales y nacionales. Con esos datos, ahora el fiscal decidió imputar a los Sena, que ya deberán enfrentar un juicio oral por el crimen de Cecilia.

De los informes realizados por la AFIP se determinó que la Fundación recibió transferencias millonarias: $16.475.335 (en 2015), $12.467.499 (en 2016), $16.525.421 (en 2017), $17.791.679 (en 2018), $22.537.622 (en 2019), $33.905.158 (en 2020), $54.642.297 (en 2021), $72.462.822 (en 2022) y $122.003.465 (en los primeros meses de 2023), y $141.953.467 en junio de 2023.

El dinero ingresaba en una cuenta bancaria del Banco del Chaco que controlaban los Sena. La investigación determinó que Sena hacía extracciones en persona. “Conforme surge de la información aportada por Unidad de Información Financiera – UIF- que prácticamente la totalidad de las transferencias recibidas por la fundación eran extraídas en efectivo personalmente por el Sr. Emereciano Sena, circunstancia que dificulta realizar una trazabilidad de la aplicación o destino final del dinero extraído”, detalló el fiscal Sabadini.

Entre otras medidas, el fiscal pidió el secuestro de varios vehículos y el embargo de al menos cuatro propiedades. Además solicitó la inhibición general de bienes para los imputados.

“Los encartados registran ingresos como empleados públicos de la provincia del Chaco, más precisamente del Ministerio de Educación y cultura, y del Ministerio de Desarrollo social en el caso de Marcela Acuña, en proporciones que no se condicen ni permitirían justificar razonablemente la adquisición de los bienes constatados, los viajes internacionales registrados y las maniobras verificadas en el marco de los Estados Contables de la Fundación, no surgiendo -prima facie- la realización de otras actividades económicas que les reporten ingresos lícitos”, sostuvo el fiscal.

Fuente: Infobae

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