Diputados dio media sanción a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, pero el presidente Milei anticipó que la vetará

Los bloques de la oposición dialoguista y el peronismo llegaron a un acuerdo político que permitió avanzar con la media sanción en Diputados de una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones que reemplace el mecanismo que Javier Milei impuso por decreto.

El texto consensuado, que fue aprobado con 162 votos a favor y 72 en contra, propone una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, se incluirá una compensación extra -o “empalme”- con un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero (mes que queda fuera de la actualización).

El haber mínimo garantizará la cobertura de la canasta básica del adulto mayor (que rondaría los $260.000). Sin embargo, para evitar que la actualización de la canasta básica -que se efectiviza después del pago de los haberes- no deje desfasados los aumentos, se optó por poner un mínimo equivalente a 1.09 de la canasta básica.

A su vez, la oposición incluyó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE (promedio de los salarios) y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Así, el IPC no se convertirá en un techo para los haberes.

Los espacios de la oposición llegaron a la sesión con varios dictámenes. La más importante giraba en torno al rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, ya que los dialoguistas pretendían que se utilice para pagar los juicios previsionales con sentencia firme y las deudas de Nación con las cajas provinciales no transferidas, mientras que el peronismo se mantuvo firme en que no podía ser utilizado para esos fines.

“La liquidación del FGS es un paso para el retorno de las AFJP, que deja a un tercio de la población descartada. Son las líneas rojas que no estamos dispuestos a cruzar”, dijo contundente el diputado de UxP Itai Hagman al inicio del debate. Ante la consulta de Infobae, desde el bloque explicaron que la razón de su intransigencia sobre este punto se basa en que cualquier modificación del FGS sería “abrirle la puerta a que Milei luego haga otros cambios, en un contexto económico muy complicado”.

La dificultad para acordar un dictamen común entre los bloques mayoritarios amenazó con hacer caer todos los proyectos. En primer lugar, se sometería a votación el proyecto del kirchnerismo (fue el que más formas tuvo en comisión), que sin el apoyo de la UCR, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal saldría rechazado. Luego se pasaría a analizar el proyecto del radicalismo, que correría la misma suerte si el peronismo decidía pagarle con la misma moneda. En ese caso, los libertarios se habrían llevado una victoria inesperada al lograr frustrar las intenciones de la oposición.

“No podíamos salir de acá sin darle una señal a los jubilados, hubiera sido una locura porque además tendríamos que esperar todo el año parlamentario para volver a tratar el tema”, se sinceró un diputado de Hacemos Coalición Federal ante la consulta de este medio.

Pasadas las 17, comenzaron a circular las primeras versiones de un acuerdo político entre los dialoguistas y el peronismo. “Parece que encontramos una diagonal”, reveló un diputado que había participado de la reescritura de algunos de los artículos del dictamen radical. Así, el peronismo aceptó retirar su dictamen de mayoría para luego votar a favor del nuevo texto.

La prenda de cambio fue priorizar el pago de los juicios de reajustes de haberes y las deudas con las cajas previsionales provinciales con fondos de la ANSES pero sin tocar el FGS. Se pagarán con los tributos que tienen asignación específica para la ANSES, como el impuesto al Cheque, el impuesto PAIS y el IVA.

“Lo que estamos dando es una garantía o una exigibilidad para que se haga efectivo el pago. Se afecta prioritariamente”, detallaron desde la bancada radical.

Al momento de la votación en particular fue rechazado (111 votos en contra, 109 a favor) el artículo 11 del dictamen que suprimía a partir de la entrada en vigencia de la ley las jubilaciones de privilegio de los Presidentes y Vicepresidentes.

Al inicio de la sesión, el diputado del Frente de Izquierda pidió votar la interpelación de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello por el escándalo del reparto de alimentos para sectores vulnerables. Además del rechazo del bloque LLA y del PRO, parte del radicalismo y Hacemos Coalición Federal se abstuvo o votó en contra. La moción sólo obtuvo 120 votos afirmativos y más de 90 rechazos.

Luego, el peronismo sometió a votación la ampliación del temario para incluir la discusión de la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Dado que son proyectos que no estaban en la orden del día, se necesitaban el apoyo de tres cuartos de los presentes. Esa mayoría especial era virtualmente imposible de conseguir porque el radicalismo ya había adelantado que no estaba de acuerdo con discutir ese tema hoy. Sin embargo, la votación nominal que pidió la diputada de Unión por la Patria Blanca Osuna obtuvo 122 votos afirmativos y 110 en contra.

En la misma línea, el diputado de UxP Pablo Carro solicitó sumar al temario los proyectos con dictamen sobre financiamiento universitario. Pero tampoco se alcanzó la mayoría especial de tres cuartos de los presentes.

No obstante, durante la misma sesión trascendió un nuevo pedido de sesión especial del bloque radical para tratar el financiamiento de las universidades y la restitución del FONID el próximo 3 de julio. “Lo ideal sería que antes esté aprobado el paquete fiscal, para que las provincias ya tengan restituidos los ingresos del impuesto a las Ganancias. Y que luego se discutan los fondos específicos”, aclararon a Infobae desde la bancada que conduce Rodrigo de Loredo.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal del proyecto aprobado rondaría el 0,43% del PBI. Desde la oposición aseguraron una y otra vez que era un costo “razonable” que no pone en riesgo el superávit fiscal que el Gobierno mantiene como principal objetivo macroeconómico.

“El gasto del 0,4% es algo que tranquilamente lo podrían trocar por el gasto tributario del régimen especial de Tierra del Fuego”, señaló el radical Rodrigo de Loredo en su discurso de cierre.

Sin embargo, en la Casa Rosada interpretaron que en el Congreso se concretó “un acuerdo entre el radicalismo y el peronismo para romper el superávit fiscal”. En esa línea también se manifestó el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo: “Nos proponíamos no prestarnos al show que el radicalismo y sus nuevos socios del kirchnerismo querían hacer en este recinto. Algunos entraron con la camiseta de Boca y en el entretiempo se pusieron la de River. Algunos entraron (al Congreso) por el cambio, pero después se olvidaron del cambio”. Y arremetió: “Dime con quién votas y te diré quién eres”.

Fue el propio Milei quien ya anunció que le importa “tres carajos” si tiene que anular los proyectos impulsados por la oposición y aseguró que defenderá la caja “a puro veto”, si es necesario.

En la misma línea, ayer el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repitió que no hay fondos para otorgar mayores aumentos a los jubilados. “Cuando uno expresa la voluntad de otorgar un beneficio, tendría que decir con toda claridad de dónde salen los fondos. El Gobierno ha expresado con esa misma claridad que no tiene recursos disponibles”, señaló y volvió a advertir sobre la posibilidad de un veto presidencial.

Fuente: Infobae