Piden 12 años de prisión para Cristina y que sea inhabilitada para cargos públicos

El fiscal federal Diego Luciani pidió este lunes que la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusó de ser responsable de los delitos de jefa de una asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado por la adjudicación de obra pública a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La fiscalía también pidió el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación y sean destinados a «instituciones de bien público».

«Hoy más que nunca la sociedad reclama Justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones», expresó Luciani.

Y agregó: «Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión«.

El representante del ministerio público fiscal también requirió el decomiso de unos 5.321 millones de pesos para ser destinados a instituciones de bien público, dado que para la acusación ese es el monto del supuesto perjuicio para las arcas del Estado.

«Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país«, aseguró el fiscal en la parte final de su alegato, justo antes de formular los pedidos de pena.

Antes de adentrarse en los años de condena que pediría para cada uno de los imputados, el fiscal volvió a referirse, aunque en forma genérica, a los supuestos delitos investigados y a la participación atribuida a cada uno de los imputados.

Los párrafos más críticos se los dedicó a la exmandataria, a quien acuso de haber defraudado «las expectativas de los ciudadanos que la votaron» y a quien le espetó el haber «demostrado desprecio hacia la ciudadanía en general y hacia los ciudadanos de Santa Cruz en especial».

También, antes de pasar al «petitorio», el fiscal le solicitó al tribunal que extraiga testimonios en relación a situaciones ocurridas durante el juicio, a fin de que se investigan posibles delitos de acción pública que hasta aquí no habían sido tratados.

Fiscal Mola:  «No es creíble que Cristina Kirchner no se enterara de nada”

En el comienzo de la audiencia, y en rechazo a la defensa de Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, el primer fiscal en tomar la palabra fue Sergio Mola. “Tomó efectivo conocimiento de la maniobra defraudatoria que se estaba cometiendo en Santa Cruz y optó por no ejecutar las tareas de control que tenía asignadas”, apuntó y, en ese sentido, afirmó que “a esta altura no es creíble que no tuviera conocimiento, como no es creíble que Cristina Kirchner no se enterara de nada”.

De acuerdo a Mola, Fatala tuvo un manejo de la obra pública vial de Santa Cruz que no habían tenido sus predecesores y que no podía desconocer las alertas que recibió y debió haber atendido. También citó a José López sobre el “ya célebre dinero que arrojó al convento” y recordó la frase en la que dijo: “Ese dinero no me pertenecía. Ese dinero pertenecía a la política”. Fue el 11 de agosto de 2016.

Por último, el fiscal también abordó el homicidio de Fabián Gutiérrez, exsecretario privado de la vicepresidenta, en julio de 2020 en El Calafate. Recordó los dichos de López sobre él en la causa de los cuadernos de las coimas, en la que lo sindicó como “recaudador” y dijo que “era funcional a los dos”, a Néstor y a Cristina Kirchner. “Si me llamaba Fabián era porque Cristina se lo había ordenado. Fabián era Cristina”, había dicho López.

El fiscal coadyuvante Sergio Mola inició su descripción final apuntando al ex secretario de Obras Públicas José Francisco López y a su subordinado Abel Fatala, y de inmediato pasó al empresario Lázaro Báez.

Luego retomó la descripción para el resto de los imputados  para desembocar en el perjuicio que causó el mecanismo ilegal denunciado.

De eso se encargó, en la sucesión de  intervenciones, el fiscal Mola, quien cuantificó en 5.321 millones de pesos.

Tras un cuarto intermedio de media hora, retomó Luciani –en la antesala inmediata del pedido de penas- aclarando que uno de los imputados, Carlos Santiago Kirchner, será acusado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, acaso la imputación más leve de todas las que se insinúan hacia el final de la exposición.