La oposición pidió juicio político para Milei tras promocionar al token $LIBRA

A raíz de esto, distintos referentes y sectores del arco político exigieron que el Presidente brinde explicaciones y hasta anunciaron presentaciones de juicio político en el Congreso.

El primero en adelantar que presentará un pedido de juicio político fue el diputado Esteban Paulón, quién además informó que ya se planteó «una convocatoria al jefe de Gabinete para que nos explique primero que relación tiene el presidente con esta empresa».

Por su parte, el senador de la UCR, Martín Losteau, indicó que «ya hay un debate entre los diferentes bloques en el Congreso sobre si debe haber una Comisión Investigadora o si corresponde el juicio político«.

A estos pedidos se sumó el de la bancada de Unión por la Patria quiénes, a través de su cuenta oficial de X, detallaron: «Nuestro bloque de diputados Nacionales decidió avanzar en la presentación de un pedido de Juicio Político contra el Presidente de la Nación«.

Por otro lado, también se sumó Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica ARI, consideró que Milei podría haber violado la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, «particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos (art. 19). Además, lo sucedido podría configurar delitos de lavado de dinero, defraudación y/o estafa, que la UIF no puede ignorar«.

La CGT calificó de «temeraria» la decisión de Milei de promocionar la criptomoneda $LIBRA

La Confederación General del Trabajo (CGT) calificó hoy de «temeraria» la decisión del presidente Javier Milei de promocionar la criptomoneda $LIBRA y consideró que el pedido de disculpas «no lo exime de responsabilidad institucional».

Mediante un comunicado de prensa, la central obrera manifestó su «alarma» y «preocupación» ante la «temeraria decisión del presidente Javier Milei de promover desde sus cuentas oficiales un activo digital de dudoso origen».

También recordaron que el Presidente presentó la iniciativa bajo la premisa de «‘incentivar el crecimiento de la economía argentina'», pero finalmente «constituyó una maniobra financiera fallida y sin respaldo».

«El posterior pedido de disculpas y arrepentimiento público no lo exime de responsabilidad institucional frente a un hecho por el cual se deberá dar una explicación exhaustiva y coherente respecto de las razones que lo motivaron a publicitar la criptomoneda $Libra», exigieron desde la CGT.

Asimismo, la central sindical reclamó el «total esclarecimiento de los hechos», en virtud de «la gravedad que significa una maniobra de esta magnitud realizada desde la máxima investidura política, que es el Poder Ejecutivo Nacional».

Qué es el juicio político y contra quién puede llevarse a cabo

El juicio político es el método de destitución que tiene la Argentina para sus máximas autoridades del país. Este mecanismo esta previsto en la Constitución Nacional y establece que los funcionarios sujetos a este tipo de investigación son el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros del gabinete y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El proceso está a cargo del Congreso de la Nación y su único objeto es la destitución de un funcionario o su inhabilitación para ejercer cargos públicos. “Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”, explica el artículo 60 de la Constitución.

Por otro lado, el artículo 53 de la Constitución establece que este juicio se puede originar por “por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes”. Así, un funcionario o un particular puede exigir el pedido de juicio político que luego pasa a la Comisión encargada de este proceso de la Cámara de Diputados.

Actualmente, dicha comisión tiene 31 miembros. Unión por la Patria ocupa 13 de estas bancas, La Libertad Avanza tiene sólo 4 representantes – que llegan a 5 si se tiene en cuenta al monobloque de Oscar Zago (MID) – el PRO cuenta con 5 bancas mientras que la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal y Democracia Para Siempre tienen 2 bancas cada uno. Por último, la Coalición Cívica e Innovación Federal, ocupan un lugar cada uno.

Esta Comisión es la que define qué denuncias son admisibles y cuáles no. Recién cuando se considera válida la denuncia, dicha Comisión inicia un sumario y un proceso de investigación que puede incluir; citación de testigos; la solicitud de información a jueces federales; el pedido a un juez para que ordene interceptar conversaciones telefónicas y la declaración del propio imputado. Finalmente, la Comisión debe emitir un dictamen, con la mitad más uno de los miembros, para definir si el juicio político es desestimado o comienza su proceso en la Cámara baja.

Tras el pedido y el análisis de la Comisión, es la Cámara de Diputados la encargada de ejercer la acusación y precisa contar con una mayoría de 2 tercios de los presentes. En este sentido, si la acusación es validada, el mismo sector del Congreso debe elegir a uno o 2 diputados que serán los que presenten la acusación ante el Senado Luego, es la Cámara alta la responsable de, con la misma mayoría, juzgar la culpabilidad final del acusado por los diputados.

Por último, la Constitución también prevé que si el acusado es el Presidente de la Nación, la Cámara alta deberá ser presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante este proceso, en este caso, Horacio Rosatti.