La capacitación obligatoria en género para candidatos sigue siendo obligatoria

La capacitación en perspectiva de género y violencia contra la mujer sigue siendo obligatoria para los candidatos. Y que se adecuará la misma a las contingencias que surgen del nuevo calendario electoral con la posibilidad de ampliar la cantidad de organismos que estarán a cargo del dictado.

Tras la aprobación de la Ley 3772-Q, que modifica el artículo 55 de Ley Electoral Provincial, la presidenta del Poder Legislativo, Elida Cuesta, acompañada por las diputadas Jessica Ayala, Andrea Charole y Gricelda Ojeda, explicó que esta reforma aprobada por la Legislatura no elimina la capacitación en perspectiva de género y violencia contra la mujer como erróneamente se ha entendido, sino que la deja supeditada a la próxima instancia de candidaturas luego de la Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso), adecuando además la capacitación a las contingencias que surgen del nuevo calendario electoral con la posibilidad de ampliar la cantidad de organismos que estarán a cargo del dictado de la misma.

Cuesta resaltó que esto no se trata de una eliminación de las capacitaciones en violencia de género, sino que por única vez y de manera con carácter excepcional y exclusivo para las precandidaturas a los cargos electivos provinciales y municipales para las próximas PASO, para poder adaptarse a un hecho imprevisto como fue el cambio abrupto que reinstaló dicha instancia electoral en la provincia.

Para las legisladoras, de no haberse tomado esta decisión se hubiera incurrido en una imposibilidad material que podría haber puesto en riesgo el cumplimiento responsable de este trascendental compromiso, por lo que dejaron bien en claro que la capacitación contra la violencia y la perspectiva de género continúa siendo obligatoria para quien quiera y acceda al ejercicio de los cargos públicos electivos, dado que persiste la instancia obligatoria para las y los candidatos que participen del progreso electoral general.

“Esto garantiza que quien acceda a la función electiva cuente y acredite debidamente la capacitación obligatoria y, además, suma actores para la capacitación, permitiendo de esta manera una mayor oferta de capacitación y garantía de que se cumplirá con el objetivo de asegurar que nadie acceda a una función pública sin encontrarse interpelado”, explicó Cuesta.