Fallo judicial a favor de Chubut: obligan al gobierno nacional a devolverle $13.500 millones a la provincia

Al analizar la situación y la urgencia planteada que expresa una pérdida diaria de una importante suma de dinero, el juez Sastre ordenó el «cese de la retención que, en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial», el Estado viene realizando sobre la coparticipación federal que le corresponde a Chubut.

El cese de esa retención aplicada por la administración de Javier Milei, será -expresa el fallo- «hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el período máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso».

Es por eso que el magistrado exhorta a ambas partes a que arbitren «medios conducentes tendientes a la cancelación o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del Estado provincial».

Cuando Chubut acudió a la justicia, se refirió a la gravedad institucional de la decisión de la Casa Rosada. Indica que al guardar silencio ante las solicitudes de refinanciación y autorización de endeudamiento efectuadas por la provincia, el Estado Nacional «habría perdido de vista los principios constitucionales de buena fe y lealtad federal, que impedían adoptar medidas intempestivas que afecten seriamente a las provincias», en este caso a Chubut.

A criterio del magistrado, y según indicó en su fallo, en este caso se encuentran en juego los principios de «solidaridad, equidad, automaticidad y funcionalidad».

En su fallo, expresó que ante este escenario resulta indispensable «estimular el mejoramiento de las cuentas públicas provinciales a través de medidas coordinadas con el gobierno nacional».

Esta tarea, continuó el juez Sastre, implica «un esfuerzo de organización y financiero, que en muchos casos podía exceder las posibilidades de las propias provincias, por sus limitaciones para acceder a los mercados voluntarios de crédito en dichas circunstancias».

Fue en este aspecto que habló de la relación «indisoluble y permanente» de las provincias con el Estado Nacional, y consideró que es éste el que «tiene el deber de agotar sus esfuerzos en tal sentido, sin relevar a las provincias de sus responsabilidades ni de sus atribuciones constitucionales, lo que permitiría aliviar la situación financiera».

El gobernador de Chubut judicializó no sólo la retención de parte de la coparticipación sino también la suma específica que dejó de percibir, y se refirió a «la gravedad del monto alcanzado se adiciona el escaso tiempo en el que se pretende la misma sea cancelada, esto es, en los próximos diez meses».

La demanda que inició el conflicto explica que la pérdida de más de un tercio de la coparticipación, empezada a descontar de lo que la Provincia le corresponde diariamente, a partir del pasado 19 de febrero de 2024 «habría hecho mella en las arcas provinciales a pesar de los reiterados pedidos de refinanciación efectuados y de los que nunca se tuvo respuesta».

Fuente: Clarin