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El papa Francisco manifestó su rechazo a la baja en la edad de imputabilidad que impulsa Milei
El Gobierno busca llevarla a 13 años; el Sumo Pontífice dejó entrever que cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil debe hacer foco en la “reinserción” y la “educación”
El papa Francisco manifestó en los últimos días su preocupación por la iniciativa que empuja el oficialismo para modificar el Régimen Penal Juvenil y llevar a 13 años la edad de imputabilidad. El líder de la Iglesia coló su inquietud en la audiencia celebrada el lunes pasado con representantes de la Justicia federal en la biblioteca del Vaticano.
En rigor, el asunto que reunió al santo padre con la jueza federal María Eugenia Capuchetti y los camaristas Mariano Borinsky y Daniel Petrone fue la reforma del Código Penal y la implementación del nuevo sistema acusatorio penal, pero el Papa aprovechó el cónclave para colar su rechazo al proyecto que el Gobierno impulsa a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, quienes a fines de junio anunciaron que enviarían una nueva ley penal juvenil al Congreso.
A partir de allegados a los jueces, el Sumo Pontífice dio el visto bueno a la reforma y la actualización de código penal que promueven los camaristas, pero fue igual de claro a la hora de fijar su rechazo al nuevo Régimen Penal Juvenil promovido por el Gobierno: la “educación” y la “reinserción”, dejó entrever el Papa, deben ser los elementos gravitantes en cualquier reforma penal; no la edad. Además desaprobó, en particular, el intento del oficialismo de bajar a 13 años la imputabilidad de los delitos.
El Papa, que recibió este viernes al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, hará pública su postura más pronto que tarde, según le confió a este medio un integrante de una de las comitivas que viajó al Vaticano en los últimos días.
En el plano local, la Iglesia tuvo un pronunciamiento en la dirección señalada por Francisco. A principios de mes, la pastoral carcelaria, una comisión del episcopado, emitió un comunicado colmado de citas al papa Francisco con el que fijaron su posición de rechazo.
“Sí. Consideramos que es necesario un nuevo régimen penal juvenil, que acompañe y promueva integralmente el desarrollo de los menores, pero sin bajar la edad mínima de imputabilidad”, rezaba el texto con el que la Iglesia reclamó una mirada “a fondo” para abordar una problemática cuya resolución, señalaba el documento, radica en la posibilidad de “prevenir la conducta de los niños y jóvenes que transgreden la ley”.
“Hay que considerar el proceso de desarrollo cognitivo y psicológico completo de una persona, que le permite razonar, anticiparse, planificar o realizar juicios críticos, y que a la edad de 18 o 19 años aún está incompleto”, añadía.
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, mantuvo un encuentro con el papa Francisco el pasado domingo y es uno de los miembros de la comisión que redactó el pronunciamiento en contra de la baja.
Reforma
El régimen actual –”Régimen penal de la Minoridad”– establece el umbral de imputabilidad en los 16 años y fue promulgado en 1980. Existe un extendido consenso en torno a la necesidad de su reforma, a tal punto que fue un extraño punto de coincidencia en la última campaña electoral: los dos precandidatos de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y la actual ministra libertaria Patricia Bullrich tenían, al igual que su rival de Unión por la Patria, Sergio Massa, distintos proyectos en carpeta para bajar a 14 años la imputabilidad.
En sintonía con el promedio de imputabilidad de la región, el Gobierno busca llevarla a 13 años. En el Ministerio de Justicia se argumenta que un “adolescente” de esta edad “tiene discernimiento para saber qué es un delito”, además de que hay un aprovechamiento por parte de las organizaciones criminales para utilizar su inimputabilidad en favor de sus actividades delictivas.
“Creemos que es una demanda que tiene la sociedad y que, como Poder Ejecutivo, debemos atenderla y trabajarla. Estamos convencidos de que esta ley es muy superadora de la ley del año 1980″, sostuvo el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, cuando le tocó defender el proyecto en Diputados, en reemplazo de Cuneo Libarona.
La Nación