El Ministerio de Producción aclara que la Ley de Bosques es clave para la sostenibilidad del Chaco

Desde el Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco, queremos aclarar algunas cuestiones relacionadas con las publicaciones efectuadas sobre la solicitud de derogación de la Ley 26.331 que establece los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
La implementación de la Ley de Bosques Nativos y de la política forestal del Chaco constituye una herramienta esencial para garantizar la sostenibilidad ambiental, la protección de los ecosistemas y el uso racional de los recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
La ley creó el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que compensa a las provincias que conservan sus bosques nativos por los servicios ambientales que brindan. El 70% de este fondo se destina a los titulares de las tierras con bosques (públicos o privados) y el 30% restante a la autoridad de aplicación de cada jurisdicción para el monitoreo, la asistencia técnica y financiera de la institución. Este financiamiento es crucial para Chaco, ya que le permite implementar políticas de conservación y manejo sostenible, como ser el financiamiento de controles y el personal técnico.

Aunque existen críticas que señalan dificultades asociadas a la falta de financiamiento nacional, la ley establece también un marco de ordenamiento territorial que permite compatibilizar la conservación con el desarrollo productivo local, fortaleciendo las capacidades provinciales para planificar el uso del suelo. Para nuestra provincia el OTBN es una herramienta vital para establecer límites claros al desmonte y regular el uso del suelo, buscando un equilibrio entre el desarrollo productivo y la conservación ambiental.

En resumen, la Ley Nacional 26.331 es de suma importancia para la provincia del Chaco porque busca proteger su valioso patrimonio forestal, mitigar los impactos del desmonte, asegurar los servicios ambientales que los bosques proveen, y reconocer los derechos de las comunidades que dependen de ellos, todo ello en el marco de un desarrollo sostenible.