El Gobierno habilitó a la Sigen para auditar a las universidades nacionales

En la previa de un nuevo paro de las universidades de todo el país, y mientras crecen las acciones de protesta de los estudiantes con tomas, vigilias y clases públicas contra el ratificado veto a la ley de Financiamiento Universitario, el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó ayer el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) funcione como órgano auditor de las casas de altos estudios.

Barra informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y de aplicación a las universidades nacionales, detallaron fuentes oficiales.

La resolución fue informada a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y en respuesta a la solicitud que habían hecho legisladores del PRO y el MID ante el Gobierno nacional en el marco de las mesas conjuntas que funcionan en la Casa Rosada.

Hasta ahora, solo la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que depende del Congreso, podía llevar adelante las auditorias. Ese cuerpo está encabezado por Juan Manuel Olmos, dirigente peronista y vicejefe de Gabinete durante el gobierno de Alberto Fernández.

La conclusión del dictamen firmado por Barra establece que «a la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales».

Se justifica en que «el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521″.

Esta decisión anula la resolución del exprocurador del Tesoro Carlos Zannini, quien en noviembre de 2022 había determinado que las universidades quedaban exentas de la aplicación del artículo 100 de la ley de Administración Financiera.

En 2023, el entonces ministro de Educación, Jaime Perzyck, firmó un convenio con la Sigen para habilitar la posibilidad de solicitar auditorías por parte del organismo.

Al respecto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, destacó la modificación porque, consideró que «el Ejecutivo tendrá participación en la revisión financiera y operativa que está actualmente a cargo de la oposición a través de la AGN».

«Logramos revertir la norma que impulsó Zannini en 2022 para evitar que el Gobierno nacional pueda auditar los gastos de las universidades nacionales», sintetizó en redes sociales.

La decisión de la administración libertaria va en sintonía con los permanentes cuestionamientos del presidente Javier Milei al sector universitario, al denunciar falta de transparencia en las cuentas de las altas casas de estudio. Pese a ello, buscó bajar el tono del conflicto abierto con las universidades el cual adquirió magnitud luego de que el mandatario asegurara que solo asisten a las facultades los hijos de los ricos.

«No se toca»

En ese sentido, Milei aseguró ayer que «la universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, eso está fuera de discusión, no se toca», aclaró en una entrevista.

En la misma línea, amplió: «No está en discusión la universidad pública, ni está en discusión que sea no arancelada», porque gratuita no es. Alguien la está pagando, la pagan mayormente los que no van. El que va es un beneficiario neto, el que no va es un pagador neto. Gratis no es».

Asimismo, reveló que lo que se debate son las auditorías a las universidades para analizar el uso de los fondos. «¿Todos estos que defienden y hacen este revuelo acaso están a favor de que se utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de determinados delincuentes de la política? ¿Están a favor del robo?», se preguntó.

«Lo único que estoy diciendo es que como esto está siendo pagado por todos, corresponde que esos fondos sean auditados, porque los impuestos no se pagan voluntariamente sino a punta de pistola», remarcó.

Y concluyó: «No quieren ser auditados los que están sucios. Todo este revuelo es tomar una causa noble y ocultar los curros de los delincuentes».

La protesta estudiantil sigue firme

El conflicto entre el Gobierno y la comunidad educativa sigue escalando: ya son casi decenas las casas de estudios tomadas en el país en respuesta a la decisión del Poder Ejecutivo de vetar la Ley de Financiamiento Universitario. Desde la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) hasta la Universidad Nacional del Comahue, miles de estudiantes, docentes y no docentes llevan a cabo medidas de fuerza en reclamo de mayor presupuesto y en repudio al ajuste. Las asambleas estudiantiles se replicaron en todo el país y a la medida de fuerza se le suman otras acciones como clases públicas y cortes de calle.