Caso Leandro Bravo: dictan la prisión preventiva a los cuatro policías detenidos

El caso ocurrido en Charata a fines de febrero tiene a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia y al Comité Provincial para la Prevención la Tortura como querellantes. Los agentes seguirán detenidos en la comisaría de Concepción del Bermejo.

La Fiscalía Especial Penal en Derechos Humanos, que funciona en Sáenz Peña, dictó la prisión preventiva a los cuatro policías de la Comisaria Primera de Charata, manteniendo así el actual estado detención que vienen cumpliendo en Concepción del Bermejo, imputándoles el delito de “tortura seguida de muerte”, del que fuera víctima el joven Leandro Bravo.

El extenso fallo conocido en la tarde de ayer sostiene, en una de sus partes, que “de conformidad al delito atribuido a los cuatro imputados y a la evidente gravedad de la pena contenida en el mismo, surge plenamente aplicable la presunción contenida en el Art.N°289 de la Ley Adjetiva Penal Provincial respecto a los peligros procesales de obstaculizar los objetivos de todo proceso penal que en esta casusa y mediante el entorpecimiento o la fuga generarían los imputados de autos”.

En el caso, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y el Comité Provincial para la Prevención la Tortura se constituyeron como querellantes.

Leandro Bravo tenía 37 años y vivía en Charata. El pasado 26 de febrero murió bajo custodia policial en circunstancias que se investigan y en una causa que tiene incorporados, entre múltiples pruebas, varios videos del episodio.

Kevin Nielsen, vicepresidente del Comité para la Prevención de la Tortura, explicó en diálogo con agencia Foco que el fallo “convierte a la detención, que es algo provisorio, en una prisión preventiva que debería durar mientras transcurra el proceso y hasta la elevación a juicio”.

“Desde el Comité estamos muy conformes con esta resolución porque confirma la calificación de torturas seguidas de muerte, que es la carátula adecuada para este tipo de hechos donde se infringe un grave sufrimiento”, resaltó.

A la vez, subrayó que decretar la prisión preventiva responde “a la naturaleza y gravedad del hecho, a la complejidad de la investigación y sobre todo al carácter de funcionarios policiales que tienen los imputados, y su capacidad para obstaculizar la investigación”.

En ese marco y bajo esos argumentos, Nielsen valoró “el avance de la investigación” en función de “cómo se van dando los pasos procesales y la recolección de las pruebas”.

“También estamos conformes porque, pese a las presiones corporativas e institucionales recibidas hacia la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de Sáenz Peña, ha adoptado una resolución que implica un nivel de independencia y objetividad tal cual es exigido por los tratados internacionales en materia de derechos humanos particularmente en el momento de investigar este tipo de delitos cometidos por agentes estatales».