El sentido de esta acción lejos está de tener algún vínculo con el megaproyecto que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados en diciembre del año pasado, sino todo lo contrario.
De prosperar esta idea, sería para darle curso a la ley que mejora la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El proyecto logró la firma del dictamen en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado, terreno de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se involucró personalmente para dar impulso a la iniciativa y habló con senadores que tenían dudas sobre el proyecto.
La iniciativa, aprobada por Diputados en abril de 2023, formó parte del último entendimiento que firmó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e incluye las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El GAFI estará a fin de febreros y principios de marzo en la Argentina para una nueva evaluación. Por este motivo existe una urgencia para sancionar la ley e impedir que el país forme parte de la lista gris del organismo.
