Prisión preventiva para el presunto capo narco «El Paisa» y para otros seis imputados

Joaquín «El Paisa» Aquino, el presunto narco investigado por la procedencia de la cocaína adulterada con carfentanilo que provocó la muerte de 24 personas y la intoxicación de otras 80 en la zona noroeste del conurbano bonaerense, fue procesado este viernes con prisión preventiva en el marco de otra causa, al igual que otros seis presuntos integrantes de su banda, por «tráfico y comercialización» de estupefacientes, informaron fuentes judiciales.

La resolución fue dictada por el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, quien lo halló responsable de «tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio y tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y tenencia ilegítima de arma de guerra» y le trabó un embargo por un millón y medio de pesos.

El magistrado, junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) del Ministerio Público Fiscal, acusó a «El Paisa» y a los otros seis detenidos de integrar una banda narco que operaba en la zona de Villa Loyola, Villa Sarmiento y Villa 18, todas en el partido de San Martín, en una zona cercana a Puerta 8, donde se vendió la droga adulterada.

Este jueves, «El Paisa» fue trasladado desde la sede policial en la que estaba alojado a la alcaidía del Servicio Penitenciario Federal (SPF) del Palacio de Tribunales en un fuerte operativo policial.

La medida también incluyó a Mónica Altamirano, hermana de Benítez y pareja de otro de los detenidos, Alberto Medina; Julio César Ferrari, Marcelo Canhue y Jonathan Granero, quienes también permanecen detenidos

La semana pasada, el presunto narco de nacionalidad paraguaya amplió su indagatoria ante el juez y afirmó que la droga hallada en su domicilio cuando lo detuvieron un día después de las muertes e intoxicaciones por cocaína adulterada, fue «plantada» por la Policía.

En la misma resolución quedaron imputados y detenidos por el mismo delito Aldana Benítez, pareja del «Paisa», a quien también se le trabó un embargo sobre sus bienes de un millón de pesos.

La medida también incluyó a Mónica Altamirano, hermana de Benítez y pareja de otro de los detenidos, Alberto Medina; Julio César Ferrari, Marcelo Canhue y Jonathan Granero, quienes también permanecen detenidos. Todos estos recibieron un embargo sobre sus bienes en 900 mil pesos, según lo determinó Culotta.

De acuerdo a los pesquisas, Ferrari quedó como imputado de ser «el cocinero» de la droga y ya estuvo preso por otras causas por delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes. En tanto, a Canhue se lo acusó de ser uno de los que guardaba la droga antes de que fuera distribuida y comercializada. Respecto de Medina, los investigadores sospechan que actuaba como «chofer» de la banda para trasladar los estupefacientes y el dinero producto de la comercialización de los mismos.

Todos los imputados en este expediente afrontan los mismos cargos aunque con distintos grados de responsabilidad, siendo «El Paisa» el presunto «organizador» de la banda.

El de Culotta se trata de un expediente paralelo al que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de San Martín y en el que se investigan las 24 muertes y más de 80 intoxicaciones por la ingesta de cocaína adulterada con carfentanilo ocurridas el 2 de febrero pasado.

En esa causa, el juez de Garantías 3 de San Martín, Mariano Grammatico Mazzari, se declaró incompetente y decidió girar el expediente al juez federal Culotta, por la complejidad de la causa.

El magistrado coincidió con el pedido del fiscal Germán Martínez y explicó que «la gran cantidad de droga incautada excede la que comúnmente suele manejar el último peldaño de tráfico o venta al menudeo» lo que «denota la presencia de una organización vinculada al narcotráfico».

«Nos encontramos frente a una investigación que reviste una complejidad tal, que excede la lógica de aquellas causas donde se pesquisa el último escalón de la cadena de tráfico y que por definición y recursos, son propias del fuero de excepción», expresó el juez.

Además, Grammatico Mazzari consideró que es necesario que la causa sea llevada adelante por la justicia federal ya que «se identificó que quienes proveían, distribuían y vendían la droga desarrollaban la actividad en distintas jurisdicciones», por lo que instó a que «la investigación quede a cargo de un único tribunal».

«No se debe olvidar que el fuero federal es la jurisdicción originaria para este tipo de delitos y tiene preeminencia si hay conflicto de competencias», agregó el juez.

Por otro lado, Grammatica Mazzari argumentó su incompetencia en la causa por «los delitos cometidos contra la vida» en el hecho, por los que fallecieron 24 personas y causaron más de 80 intoxicaciones.

«Tales delitos no pueden escindirse de la competencia federal, dado que como denominador común se constató preliminarmente que la sustancia ilícita comercializada -con presencia de carfentanilo- ha sido la que causó el resultado lesivo a las víctimas», fundamentó.