Los hijos de Maradona apelaron para que no trasladen la causa de los bienes

Las querellas de Dalma, Gianinna y Diego Fernando Maradona, tres de los hijos y herederos de Diego Maradona, apelaron la decisión de un juez platense de declararse incompetente y enviar al fuero federal la causa en la que los abogados Matías Morla y Víctor Stinfale y otros siete miembros del “entorno” iban a ser indagados acusados de aprovecharse del exfutbolista para quedarse con sus marcas, informaron este miércoles fuentes judiciales.

Las presentaciones, con fundamentos calcados, fueron realizadas por el abogado Mario Baudry, en representación del hijo menor del “10”, y por los letrados Federico Guntin y Marcelo Sverdlik Warschavsky, que patrocinan en esta causa a Dalma y Gianinna.

Los querellantes apelaron para que la Cámara de La Plata revea la decisión que adoptó el juez de Garantías 3 de ese departamento judicial, Pablo Raele, de declarar su inhibitoria y enviar el expediente al juez federal porteño Ariel Lijo, quien lo reclamó para anexarlo a otra causa que él instruye y fue iniciada a partir de una denuncia de Morla contra Dalma y Gianinna.

“No puede negarse la velada intención de ‘sacar’ del Juez natural de La Plata ‘a como dé lugar’ la causa que avanza raudamente por delitos de gravedad extrema”, señalaron los abogados de los herederos en sus escritos, a los que accedió Télam.

En sus fundamentos, los abogados afirman que “el juez de Garantías, en forma errónea sobreentiende, que se trataría de causas conexas tanto objetivas como subjetivamente, desatendiendo así a la existencia de distintos tipos penales como así también distintas querellas, distintos letrados, distintos acusados, tipos penales diferentes y de modo notorio, pretendiendo dar por sentada que existe una equivalencia temporal que no es tal”.

Investigación

Las causas que pretende unir e investigar en forma simultánea el juez federal Lijo son:1) la de “asociación ilícita, reducción a la servidumbre, defraudación por circunvención de incapaz, defraudación por administración fraudulenta, desobediencia y estafa procesal” contra Morla y su entorno (que tramita en el juzgado platense), 2) otra por cuestiones marcarias (que tramita en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires), y 3) la suya por “utilización de marcas y/o denominaciones” donde Dalma y Gianinna fueron querelladas por Morla (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4).

En este último expediente, el expoderado de Maradona denunció que las hijas del “10” habrían utilizado y comercializado una de las marcas registradas con el nombre de su padre usando cuentas de Instagram y un sitio web.

“A ciencia cierta, no sabemos quiénes son los creadores de las mencionadas cuentas, con qué finalidad se crearon, ni en qué fecha se habría armado, hasta podríamos entender que solo se hizo para entorpecer la presente causa, lo cual ya a esta altura de los acontecimientos, no sorprendería”, explicaron los abogados Guntin y Sverdlik Warschavsky en su escrito.

En otro tramo de su presentación, también denunciaron que, antes de inhibirse, el juez Raele nada hizo en relación a una presentación que realizaron el 30 de diciembre de 2021 para denunciar que dos de los imputados en esta causa, Morla y su cuñado Christian Maximiliano Pomargo –quien, según lo declarado en la sucesión, cobraba solo 30.000 pesos por mes como empleado de Maradona, estaba anotado como monotributista categoría B y percibía una Asignación Universal por Hijo de la Anses-, aparentemente sean cotitulares de una cuenta “de varios millones de dólares” en el exterior.

En su escrito, Baudry dejó entrever que la maniobra para que la causa de La Plata vaya al fuero federal porteño, puede estar ligada a los posibles vínculos del abogado de Morla con el juez Lijo.

“No podemos dejar de resaltar el hecho de que el defensor del Dr. Matías Morla en esta causa es el Dr. Marcelo Rocchetti, quien es o era socio del hermano del Dr. Ariel Lijo, y que esa situación sumada a que el Dr. Morla es el denunciante en la causa del Juzgado Federal a cargo del juez citado, es un hecho no menor”, afirma Baudry, quien acompañó esta parte de su presentación con una nota periodística que revela que el hermano de Lijo y Rocchetti eran socios en una aseguradora.

«El Dr. Lijo debería haberse excusado de investigar, por cuanto cualquier decisión que tome siempre va a estar teñida de parcialidad», sostiene Baudry.

Además de Morla, Stinfale -ambos exapoderados y letrados de Maradona- y Pomargo, están imputados en esta causa Vanesa Patricia Morla (hermana del abogado), Maximiliano Trimarchi (chofer de Maradona), Sergio Garmendia (secretario de Maradona), Carlos Orlando «Charly» Ibáñez (asistente personal de Maradona), Stefano Ceci (empresario italiano) y Sandra Iampolsky (escribana).

Los nueve iban a ser indagados por los delitos de «asociación ilícita, reducción a la servidumbre, estafa, defraudación por circunvención de incapaces», por decisión de la fiscal de la causa, María Cecilia Corfield, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 de La Plata.

Las acusaciónes

La causa se inició allí porque los hechos denunciados ocurrieron cuando Maradona vivía en el country Campos de Roca de la localidad de Brandsen.

Al describir la imputación en su llamado a indagatoria, la fiscal Corfield señaló que «desde al menos finales del mes de julio del año 2020 y hasta principios del mes de noviembre del mismo año», todos esos acusados «redujeron a la condición de servidumbre a Diego Armando Maradona».

Afirmó que todos ellos le restringieron a Maradona «el contacto con familiares, amigos y allegados, tanto en forma personal como telefónica, suministrándole alcohol, fármacos y marihuana, y manipulándolo psicológicamente con distintos artilugios, con el propósito de mantenerlo bajo su poder, para beneficiarse económicamente de los ingresos generados alrededor de su figura».

La fiscal acusó a Morla y Stinfale de ser los «organizadores del plan», de poner alrededor de Maradona a «personas que respondían a sus intereses», de haberle suministrado al exjugador drogas, alcohol y fármacos «para mantenerlo en estado de confusión mental» y, así, entre otras maniobras, haberle hecho firmar un contrato con cesión de la explotación económica de sus derechos de imagen a la firma Sattvica, conformada por el propio apoderado de la víctima y por su cuñado Pomargo.