El oficialismo tendría los votos para aprobar en general la Ley Ómnibus

El Gobierno ya tendría asegurada la votación en general del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocida como «ley ómnibus».

Con la confirmación del voto a favor de la Unión Cívica Radical, que se suma al apoyo del bloque del PRO y de Innovación Federal, La Libertad Avanza puede quedarse tranquilo que la base de su proyecto está a salvo, por lo que la intriga se traslada a cómo quedará el articulado luego de las correcciones que se le apliquen en la votación en particular. Cuando se vote artículo por artículo, el oficialismo podría sufrir algunas derrotas.

A los 38 votos de La Libertad Avanza a favor del proyecto hay que agregar los 37 del PRO y a los nueve de Innovación Federal. También hay que anotar en la tabla de los votos positivos a los aliados del Gobierno Carolina Piparo y Lorena Macyszyn de Buenos Aires Libre, José Luis Espert de Avanza Libertad, Paula Omodeo de CREO y Álvaro Martínez de La Unión Mendocina.

Asimismo acompañarían la ley de Bases los dos diputados de Por Santa Cruz, que responden al gobernador Claudio Vidal y las dos de Producción y Trabajo, que reportan al mandatario sanjuanino Marcelo Orrego.

La interna radical, que se expresó crudamente en el voto dividido del plenario de comisiones donde un sector avaló el dictamen de mayoría y otro retuvo la firma, logró zanjarse y los 34 integrantes del bloque se comprometieron no sólo a dar quórum sino a votar a favor de la iniciativa en general. Una batalla ganada por el jefe de la bancada, Rodrigo De Loredo, que debió maniobrar para sofocar los focos internos de resistencia.

«En una extensa reunión de nuestro bloque, adelantamos que desde el conjunto del radicalismo daremos quórum para habilitar el debate parlamentario de la ley ómnibus mañana y acompañaremos en general la Ley. Entendemos la responsabilidad de la hora y las urgencias del país», indicó el cordobés.

«Daremos las herramientas para que un gobierno que recién inicia pueda llevar adelante su plan de gestión. A pesar de la desorganización con la que el Ejecutivo encaró el tratamiento, los agravios vertidos, no nos guían cuestiones personales, ni el apoyo a personas. Defendemos ideas y el interés del país. Argentina necesita estabilizar su economía y dar certidumbre», concluyó.

En Hacemos Coalición Federal una inmensa mayoría tendría decidido acompañar en general. Es el caso de los diputados que responden a la tríada conformada por Miguel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot.

«Hay que hacer un esfuerzo para que la ley salga y el gobierno tenga instrumentos que el Presidente (Javier Milei) considera importantes», anticipó el jefe del bloque. Para Pichetto, habrá «temas más complejos que otros» y llamó a «intentar que el proyecto de ley pase con media sanción al Senado». «La emergencia y la delegación la tuvieron todos los gobiernos y en eso hay que cumplir, no hay que ser hipócritas», indicó el rionegrino.

Hasta el viernes pasado la Coalición Cívica se inclinaba a votar en contra. Pero fue hasta que el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, anunció el retiro del paquete fiscal que todo cambió. Las últimas modificaciones en el proyecto surtieron efecto y ahora la fuerza que responde a Elisa Carrió tendría decidido respaldar la iniciativa.

Los socialistas santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein se despegarían del resto y votarían en contra de la iniciativa, y está en duda lo que hará Margarita Stolbizer, que hasta la semana pasada tenía una visión muy crítica de la ley ómnibus.

El tiro de largada de la sesión será a las 10 del miércoles, pero será una carrera de largo aliento, ya que se calcula entre 30 y 40 horas de debate, un récord absoluto.

Los detalles de la organización de la sesión se conocerán luego de la reunión de Labor Parlamentaria, a las 19 de este martes. Las primeras cuatro horas del debate estarían dedicadas a discutir la validez de la sesión, ya que hay impugnaciones por parte de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda que apuntan a las irregularidades en la firma del dictamen de mayoría (cuyo contenido fue reformado posteriormente).

Denuncian puntualmente que lo que se va a estar votando no es el mismo texto que el expediente que se firmó con dictamen de mayoría.

Acuerdos y diferencias 

Más allá de que se angostaron las diferencias con los bloques de la oposición blanda, persistían algunos desacuerdos, especialmente en materia de delegación de facultades y privatizaciones.

Por caso, Hacemos Coalición Federal pidió seguir reduciendo la cantidad de emergencias, que de punta a punta pasaron de 11 a 7 (el Ejecutivo quitó las emergencias en materia previsional, fiscal, de defensa y salud). El bloque que comanda Pichetto exige quitar también las facultades delegadas en materia tarifaria, energética y de seguridad.

Otro tema donde todavía faltaba pulir acuerdos es en materia de privatizaciones. La UCR y Hacemos Coalición Federal estaban intentando unificar criterios en este sentido, ya que parten de premisas diferentes.

Mientras que el bloque liderado por De Loredo propone tratar cada caso por separado con el envío de una ley al Congreso, la bancada de Pichetto busca que las propuestas de privatización sean enviadas a una comisión bicameral ad-hoc para dictaminar y que luego se vote en el recinto.

Hay cambios que ya fueron consensuados y que los bloques de la oposición recibieron con beneplácito. La movida principal fue el retiro del capítulo fiscal (retenciones, jubilaciones, blanqueo, moratoria, Bienes Personales), que es la que allanó la convocatoria a la sesión del miércoles.

También se dio marcha atrás con la eliminación del subsidio por zona fría para usuarios residenciales de gas, y se barrió el artículo que habilitaba la «disolución» de empresas públicas, universidades nacionales y organismos autárquicos como el INTA y el Conicet.

En tanto, la última versión del proyecto de Bases permite liquidar la deuda pública consolidada en poder de la ANSES, aunque elimina la autorización para vender los activos de la cartera del FGS.

También se suprimió la parte que rezaba que «los recursos que se obtengan como consecuencia de la venta de las participaciones accionarias no podrán ser utilizados para un destino diferente que no sea el sistema de seguridad social».