Caso Bravo: confirmaron la prisión preventiva de los policías acusados

La Secretaría de DDHH y Géneros solicitó que esta medida se mantenga en plena vigencia ya que la posibilidad de dejar en libertad a los cuatro agentes involucrados implicaría un riesgo para el correcto desarrollo del proceso judicial porque los imputados podrían usar sus influencias como miembros de una fuerza.

La Secretaría de DDHH y Géneros informa que esta semana la justicia provincial chaqueña decidió rechazar el pedido de libertad a los cuatro policías acusados del delito de torturas seguidas de muerte contra el ciudadano Leandro Bravo.

Según se notificó, la cámara en lo criminal de Villa Ángela, que actuó como tribunal de apelación, a través de la Resolución 79/22, rechazó este martes 28 de junio la apelación presentada por los defensores y confirmó la prisión preventiva anteriormente decretada por por Fiscalía Adjunta en lo Penal Especial en Derechos Humanos, de los efectivos policiales que se encuentran detenidos por su supuesta vinculación en el fallecimiento del muchacho de 37 años.

Fue luego de una audiencia oral donde expusieron los abogados defensores, la fiscal de DD.HH, la Fiscal de Cámara, la querella por la Secretaria de DD.HH y Géneros y la querella del Comité de Prevención de la Tortura. De acuerdo a lo detallado, los fundamentos de la decisión se darán a conocer el próximo 5 de julio.

Durante la jornada, desde la Secretaría de DDHH y Géneros de la Provincia remarcaron el gran padecimiento físico y psíquico/psicológico del que fue víctima Bravo momentos antes de su muerte y a consecuencia del hostigamiento y persecución policial, todo ello ya acreditado hasta este momento de la Investigación Penal Preparatoria.

Además los abogados querellantes de este organismo solicitaron que se sostenga la prisión preventiva de los cuatro policías ya que se encuentran reunidos los requisitos exigidos en el 289 y 290 del CPPCH. Sobre esto, alegaron que, de quedar en libertad, existe un marcado peligro procesal de entorpecimiento de la causa ya que los imputados son funcionarios públicos y tienen el uso del monopolio de la fuerza del Estado.

El caso

Los hechos que investiga la causa la violencia institucional ejercida por agentes policiales de Charata contra Bravo y que cuenta con la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros como querellante, sucedieron el pasado 26 de febrero. En horas del mediodía, la víctima había advertido a un allegado que tenía temor, puesto que los días previos, según su relato, fue hostigado por efectivos policiales. Durante la siesta, alrededor de las 14.30, Bravo, estando albergado en la casa de un vecino, se comunicó con su hermana a quien le hizo una advertencia similar y hasta llegó a pedir que tenga en consideración realizar una denuncia.

Posteriormente, de acuerdo a relatos de testigos, Leandro se dirigió al domicilio de una mujer pero no pudo ingresar ya que en la esquina de las calles Patricios y 9 de Julio de Charata, fue aprehendido, esposado, golpeado salvajemente y subido a un móvil policial donde tres agentes de la Policía del Chaco continuaron con la golpiza. Luego, fue trasladado hasta la División de Medicina Legal donde se solicitó que sea llevado al Hospital “Enrique V. de Llamas”, donde finalmente se constató que se encontraba sin vida.

Según se pudo saber, Bravo en ningún momento ofreció resistencia, sumado además a los constantes y reiterados hechos de persecución que sufría. Hasta el momento se conoce que habrían participado cuatro móviles policiales con efectivos uniformados de las comisarías Primera, Segunda y Div. 911 de Charata.