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Adorni, sobre la denuncia a los comedores: «Te acusaban de ser la derecha hambreadora y se quedaban con la comida de los pobres»

El portavoz utilizó las denuncias contra ciertos comedores como una oportunidad para contrarrestar la crítica principal dirigida hacia al gobierno.

El portavoz oficial del presidente, Manuel Adorni, expresó el martes su preocupación por las acusaciones dirigidas hacia algunas entidades sociales. Estas están siendo objeto de investigación judicial debido a presuntas demandas de participación en manifestaciones por parte de beneficiarios de programas sociales para poder recibir asistencia.
A través de su perfil en la plataforma X, Adorni arremetió contra las entidades sociales y respondió a una de las críticas más frecuentes hacia la gestión del presidente Javier Milei, quien ha sido cuestionado por su política de reducir los ingresos.»Te acusaban de ser la ‘derecha hambreadora’ mientras se quedaban con la comida de los pobres. Fin«, publicó Adorni. El portavoz del presidente hizo alusión al proceso judicial que indaga a ciertas entidades sociales por un presunto esquema de extorsión.

La administración de Milei desempeña un papel dinámico en este proceso investigativo. Resulta que los registros en los hogares de los imputados, quienes recibían hasta cinco veces la suma asignada a los beneficiarios comunes, y de los cuales se incautaron fondos y documentos presuntamente relacionados con los subsidios gubernamentales, fueron posibilitados por medio del número telefónico que el Ejecutivo habilitó en diciembre pasado para reportar denuncias.

La publicación de Manuel Adorni sobre la denuncia

Fue a través de la línea telefónica 134 que se recibieron los primeros relatos sobre coacciones para asistir a las manifestaciones, los cuales estaban vinculados a presuntos malos manejos del programa Potenciar Trabajo. De los 13,310 llamados recibidos, se atendieron 2,720, y de estos, 924 se convirtieron en denuncias formales. La investigación se enfoca en 45 testimonios que han sido presentados ante la justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la pesquisa, los señalados “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’”.

El Tribunal dispuso la incautación de los dispositivos electrónicos pertenecientes a los acusados, dado que la mayoría de las intimidaciones y chantajes se llevaban a cabo a través de estos medios, así como también registros de asistencia o de pagos, documentación relacionada, tarjetas bancarias y recibos de retiro de efectivo.

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